México podrá celebrar un referéndum para decidir si se debe llevar a juicio a los cinco expresidentes vivos del país mesoamericano. Ayer, la Suprema Corte de Justica declaró que la consulta es constitucional tras una votación dividida en la que hubo seis votos a favor y cinco en contra. El resultado avala el referéndum propuesto por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que durante su mandato se está produciendo una «transformación» tan profunda como lo fueron eventos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.
En su resolución, la Suprema Corte aprobó una pregunta ligeramente diferente a la original. «¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», será la cuestión que deberá ser respondida con un «sí» o un «no». López Obrador quiere celebrar el referéndum en junio de 2021, cuando está previsto que se celebren las próximas elecciones legislativas para renovar toda la Cámara de Diputados.
La medida es polémica porque llamaría a las autoridades a comenzar a investigar a los cinco expresidentes vivos aunque no haya indicios en su contra. «Si tienen evidencias contra expresidentes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo Romano», dijo en Twitter José Manuel Vivanco, director ejecutivo de la oenegé Humans Rights Watch División América.
Los expresidentes son Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Actualmente, la fiscalía tiene abierta una investigación contra Calderón y Peña Neto por su posible conexión con la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecth.
Los presidentes en México gozan de inmunidad constitucional popularmente conocida como «fuero» bajo los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. Se trata de una protección para el Jefe del Estado mexicano similar a la inviolabilidad del Rey que establece la Constitución Española. El Congreso mexicano actualmente está debatiendo un proyecto para reformar los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito.
Tomado de https://www.abc.es
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